El 25 de enero de 1862, el jurado del Sena dictó nueve resoluciones en una causa donde las mismas noches de delito habían conducido a nueve personas ante la audiencia. Tres de ellas resultaron absueltas; seis, declaradas culpables. La crónica de la Gazette des tribunaux del día siguiente describe una banda que ofrecía auxilio a hombres ebrios para después despojarlos, recurriendo a coches de alquiler cuando la vía pública entrañaba excesivo riesgo. Dicho testimonio vincula estos robos con identidades ficticias inscritas en los libros del Monte de Piedad.
Un método al amparo del término «proteger»
El informe judicial se abre con una expresión semejante a una jerga de oficio: el «robo a los beodos» (vol aux poivriers). Los acusados, según relata el diario, acechaban a individuos embriagados bajo el pretexto de prestarles protección.
La crónica refiere asimismo el proceder cuando las calles no ofrecían las garantías de discreción precisas. Los encausados conducían supuestamente al hombre a quien planeaban desvalijar hasta una taberna, incitándole a beber hasta hallarse «ebrio en su punto». La fórmula pertenece a la pluma del periodista, quien compendia las sesiones procesales antes que reproducir la declaración directa de una víctima.
Una variante de la misma estratagema dependía de las circunstancias del entorno. Si el espacio público resultaba peligroso para perpetrar la sustracción, los ladrones costeaban un carruaje, hacían subir a la víctima y la despojaban a puerta cerrada. Acto seguido, la abandonaban en un paraje apartado, donde la policía la hallaba ya sobria y desprovista de sus pertenencias.
La Gazette no consigna la identidad de los agraviados. Menciona una veintena de robos atribuidos a la gavilla y señala que los pormenores de tales cargos descansaban, a tenor del auto acusatorio, en las confesiones de ciertos reos o en las testificaciones prestadas. Se ignora qué efectos se sustrajeron en cada caso concreto, el paraje exacto donde se recogió a cada víctima y la cuota de participación imputable a cada individuo. Dicha omisión impide disgregar el método general en veinte episodios certificados e independientes. El rotativo ofrece un esquema incriminatorio, no un inventario exhaustivo de perjudicados. El lector asiste al balance público de una instrucción sumarial y de unos debates, sin acceder a las declaraciones íntegras sobre las cuales deliberó el jurado.
Nueve encausados, cometidos desiguales
Los nueve procesados distan de configurar una cuadrilla homogénea en la crónica. La Gazette consigna sus nombres, oficios y antecedentes notorios, permitiendo vislumbrar cometidos dispares: autores materiales, presuntos receptadores, una compañera sentimental señalada de complicidad y un cabecilla. Semejantes calificativos dimanan del redactor y del ministerio público; no cabe extenderlos más allá del veredicto individual reservado a cada uno.
Guillaume-Toussaint-Honoré Delaitre figura como presunto labrador, condenado ya en tres ocasiones. Debía responder asimismo de otra causa pendiente ante la audiencia, precisa el diario. Marie-Eugène Depierre, dependiente de almacén de cuarenta y ocho años, contaba con dos condenas precedentes por ultraje público al pudor. Michel-Ange Proment, jornalero de veintiséis años, acumulaba seis penas: tres por lesiones y tres por hurto. La crónica le atribuye el papel primordial en las agresiones nocturnas, si bien el jurado desestimó la cuestión atinente a las violencias atribuidas a su persona, una discrepancia cardinal entre el cargo formulado y el pronunciamiento final.
Auguste-Isidore Boulogne, buhonero ambulante de veinticuatro años, sumaba nueve detenciones y seis condenas penales, de acuerdo con el periódico. En noviembre de 1860 había sido sentenciado a nueve años de trabajos forzados; comparecía en estrados, relata el cronista, con la vestimenta propia de los presidiarios. Su captura originó la apertura del sumario. Alexandre Muguet, de veintidós años, quincallero, ostentaba cinco antecedentes firmes. El más próximo, en marzo de 1860, lo había condenado a seis años de prisión menor, constando un mandamiento que lo derivaba a la audiencia por una causa paralela.
François Deville, calderero de veinticinco años, aparece reseñado sin mención de antecedentes en esta breve semblanza. Jean-Symphorien Collot, chamarilero de treinta y siete años, se hallaba procesado por receptación; la crónica deja entrever que su oficio motivó su inclusión en el banquillo, juicio que pertenece al criterio del cronista y no a una prueba fehaciente. Louis-Hippolyte Lacourrège, de cuarenta y dos años, antiguo gendarme de la Guardia Imperial, es presentado con buena hoja de servicios en su cuerpo y exento de notas desfavorables. La fiscalía lo vinculaba a los hechos por el concubinato que mantenía desde hacía tres años con la última encausada y por el presunto conocimiento que tenía de los delitos.
Esta última era Marie-Louise Baudot, cocinera de veintiocho años, carente de antecedentes judiciales con arreglo a la crónica. Se hallaba, además, sumamente enferma. El rotativo refiere que su afección cardíaca suspendió repetidamente los debates y que emitía espasmódicos lamentos que pugnaba por sofocar. La prensa no interpreta tales interrupciones a modo de añagaza procesal ni como síntoma de un cuadro mental insano; constata únicamente su incidencia en el ritmo de la vista y la gravedad de su convalecencia, tal como quedó registrada en las columnas públicas.
Del arresto a la audiencia
El relato judicial sitúa el inicio de las pesquisas a finales de marzo del año precedente, esto es, marzo de 1861. En tales fechas fue prendido Boulogne, quien aportó confesiones e informes que condujeron a terceros ante los tribunales. Delaitre empleaba por entonces el alias de Huzel, nombre bajo el cual había sido condenado a un año de prisión por hurto el 12 de octubre de 1859. Depierre y Proment eran de sobra conocidos por la justicia. La Gazette desglosa parte de sus anteriores penas no para deducir que el historial probado acreditara sin más los nuevos delitos, sino porque tales antecedentes integraban el panorama exhibido ante legos y jurados.
La crónica señala que Delaitre y Depierre, a imitación de Boulogne, se acogieron a la vía de la confesión espontánea. Los hechos revelados, lesivos para su propia causa y la de sus coacusados, fueron ulteriormente validados por la instrucción penal, según la fórmula textual de la crónica. Resulta imposible esclarecer mediante tal extracto qué delaciones incumbían a cada inculpado, qué diligencias independientes las sustentaban o qué crédito concedió el jurado a cada manifestación. La prensa comprime la secuencia procedimental sin reproducir el interrogatorio literal.
El auto de acusación consignaba veinte sustracciones. Incluía asimismo el delito de falsedad en documento auténtico y público. Conforme a la Gazette, varios procesados empeñaron alhajas y bienes hurtados bajo nombres supuestos, estampando firmas apócrifas en los libros de la administración del Monte de Piedad; otros nombres falsos fueron declarados durante las diligencias del sumario criminal. La usurpación de personalidad permitía, según el testimonio de cargos, dar salida a los objetos y asentar una huella documental que no apuntase directamente hacia los sospechosos.
Esta vertiente documental dotaba a la causa de una dimensión más compleja. Quien resultaba despojado en la vía pública o en el interior de un simón podía ser incapaz de identificar a los asaltantes; no obstante, un registro de préstamos pignoraticios guardaba indeleble una rúbrica.
Las sesiones tuvieron lugar los días 23, 24 y 25 de enero, bajo la presidencia del magistrado Portier. El ministerio fiscal sostuvo la incriminación respecto a los nueve reos, si bien anticipó que únicamente solicitaría la apreciación de circunstancias atenuantes en beneficio de Lacourrège y Baudot. Los defensores hicieron uso de la palabra de forma sucesiva en defensa de sus mandantes.
Tres absoluciones, seis condenas
La tercera jornada estuvo consagrada al resumen doctrinal del presidente y a la deliberación del jurado. Esta se inició al mediodía y se prolongó durante dos horas y cuarto. El veredicto resultó exculpatorio para Baudot, Lacourrège y Collot. El presidente acordó de inmediato su puesta en libertad. Su absolución disolvía taxativamente la tesis de una cuadrilla cerrada e indistinta: el hecho de figurar encausado en el mismo sumario no había bastado para fundar una condena.
Los seis restantes fueron declarados culpables. La concurrencia de circunstancias atenuantes se reservó únicamente a Muguet y Deville. El tribunal popular desechó la quincuagésima segunda pregunta de la proposición de veredicto, relativa a las agresiones físicas imputadas a Proment.
Seguidamente, la Sala pronunció las penas: nueve años de trabajos forzados y 100 francos de multa para Delaitre; nueve años de reclusión para Depierre; ocho años para Boulogne y Muguet; siete años de igual condena para Proment y Deville. El diario omite explicitar de nuevo la naturaleza penal para estos dos últimos grupos tras consignar la de Depierre; el presente relato se abstiene de subsanar tal laguna. La última línea de la crónica representa asimismo su barrera documental insalvable: nada refiere sobre recursos posteriores, ejecución de sentencias o eventuales excarcelaciones.
Aquel aparente amparo que desembocaba en la taberna, en el carruaje y, por último, en el paraje desierto se perfila en la crónica como una celada para desviar la atención de la víctima en el instante en que cree recibir auxilio. Con todo, el procedimiento no concluye con una moraleja genérica. Discierne a tres individuos libres frente a seis condenados, revoca el cargo por violencia física, atenúa la responsabilidad de dos de ellos y deja en el anonimato a los despojados. Es ese estricto deslinde procesal, antes que la estampa novelesca de una corporación criminal perfecta, lo que el archivo permite hoy reconstruir.