La sentencia había sido fijada en el tablón de edictos municipal para que todo el pueblo la leyese. No llegó intacta a la mañana. En la noche del 18 de mayo de 1889, una mano se deslizó sobre el pasquín y emborronó sus líneas; luego, un hombre se alejó en la oscuridad, perseguido por dos vecinos que creyeron reconocer al concejal R. Pocas horas después, el alguacil de la comuna, M., confió al alcalde que él mismo había manchado el cartel. De aquella confesión, formulada fuera del tribunal, nació la cuestión que pronto dividiría a magistrados y jurisconsultos: ¿había faltado a la verdad bajo juramento al silenciar su propia acción?
La aldea, designada tan solo con la inicial B., vivía desde hacía unos diez años bajo el encono de dos bandos: el adepto al alcalde y el devoto del párroco. Este litigio había hallado un nuevo pretexto en la persona del hijo del concejal R. El cura se había negado a recibirlo en el coro; cierto día de oficio, lo había hecho descender de la tribuna del órgano. Unos vieron en ello una providencia de orden eclesiástico; otros, un ademán de rencor político. El padre, persuadido de que su hijo había sido agraviado, acudió a la casa parroquial para increpar al sacerdote. Se encendió en cólera y no desamparó la estancia pese a los requerimientos que se le hicieron.
El tribunal de distrito lo condenó a una semana de prisión por allanamiento de morada e injurias. Autorizó asimismo al párroco a fijar en la casa consistorial, a expensas del reo y en el plazo de diez días tras adquirir firmeza el fallo, un testimonio sucinto de la resolución. La providencia, concebida para dar pública notoriedad a la condena, se convertiría a su vez en el núcleo de un nuevo litigio. En ambos bandos corría la voz de que el cartel sería arrancado. El alcalde H. ordenó a M., el alguacil comunal, que lo colocara en la tarde del 18 de mayo sobre un tablón desprovisto de reja protectora. El concejal R. se hallaba presente. M. le espetó que él no lo habría dejado expuesto.
Dos partidarios del párroco regresaron más tarde para escudriñar el texto a la luz de una linterna. Refirieron que alguien les había escupido desde lo alto, sospechándose del alcalde; ningún hecho acreditado en las actuaciones permitió, no obstante, sentar certeza sobre aquel ultraje. Ambos hombres resolvieron montar guardia ante el edificio, convencidos de que una mano osada tocaría el pasquín. Se apostaron tras el portalón de un labrador, a unos doce metros de distancia, dejando una rendija expedita para atisbar cuanto sucediere.
Hacia las diez y media, un hombre se aproximó con pasos cautelosos y tiznó el papel con la mano. A la menor alarma, huyó a escape. Los dos vigías lo persiguieron un trecho y afirmaron haber reconocido a R. pese a lo cerrado de la noche. La identificación devino el punto crítico del pleito: estaban seguros de haber visto al concejal, mas pertenecían al bando contrario y la visibilidad era harto menguada. Ahora bien, a la mañana siguiente, M. confesó al alcalde que él mismo había embadurnado el edicto. Se sentía despechado, arguyó, de que los conmilitones del cura lo hubiesen leído la víspera con una linterna.
Esta confidencia no llegó de inmediato a conocimiento del juez. Un tabernero hostil al alcalde y al concejal R., cuya licencia pendía de un hilo, formuló denuncia contra R. ante el ministerio fiscal. Se apoyaba en un libelo del antiguo alcalde, afecto al cura. En aquella aldea, los resquemores electorales, las banderías y los intereses gremiales se trababan con tal estrechez que ninguna querella podía tenerse por acto desinteresado. Con todo, tales móviles no bastaban por sí solos para tachar de falsos a los testigos; era cabalmente lo que la justicia debía desbrozar.
El 2 de julio de 1889, el tribunal de distrito de Br. juzgó a R. por haber ultrajado con malicia, el 18 de mayo, un bando oficial fijado en un edificio público. Los dos acólitos del párroco declararon bajo juramento haber reconocido al concejal. M. aseveró asimismo, bajo juramento, que había vigilado el edicto desde una ventana abierta y que no había visto a R., pese a que su atalaya le habría permitido advertirlo. La esposa de R., oída sin promesa legal, declaró que su marido se había recogido a las diez y no se había apartado de su lecho. Las versiones pugnaban entre sí; el tribunal juzgó los extremos insuficientemente esclarecidos y absolvió al concejal.
El ministerio fiscal interpuso recurso de apelación. En la vista ante la sala de lo penal, los dos primeros testigos reiteraron bajo juramento haber visto a R., descartando de plano todo error de identidad. Entonces M. pasmó al tribunal: «Fui yo quien lo hizo», declaró, reconociendo haber ensuciado el cartel. El presidente lo tildó de miserable. La apelación fue desestimada, mas la confesión mudó el curso del procedimiento. Los dos testigos y el alguacil fueron detenidos y encausados por falso testimonio.
La situación de los tres encausados distaba de ser idéntica. Los dos partidarios del clérigo habían creído sinceramente reconocer a R., según sus propias deposiciones y el fallo posterior. Su certidumbre era errónea; la sala estimó, sin embargo, que no habían mentido a sabiendas y dictó su absolución. La culpa de M. antojábase más manifiesta: conocía la identidad de quien había mancillado el cartel y la había callado al deponer como testigo. No obstante, su silencio había propiciado la absolución de R. y, en la alzada, había terminado por declarar la verdad. El litigio versó, por ende, menos sobre la autoría material que sobre aquello que un testigo debe manifestar de manera espontánea.
La defensa adujo que a ningún testigo le es exigible autoincriminarse. El artículo 54 de la ley de enjuiciamiento criminal facultaba a rehusar cualquier respuesta cuyo tenor pudiera exponer al declarante a diligencias penales. A M. no se le había interrogado de forma directa sobre su intervención; el juez no le había preguntado si él mismo había dañado el pasquín. A juicio del letrado, si hubiese podido negarse a responder ante tal pregunta, debía asistirle igual derecho para silenciar el hecho sin verse encausado por perjurio. Lo contrario, argüía, equivaldría a consentir que la omisión de una pregunta cercenase una garantía dispensada por la ley.
Los jueces adoptaron una interpretación dispar. El testigo, razonaron, había jurado decir toda la verdad y no ocultar nada. M. conocía la causa mejor que nadie, había comparecido para ilustrar al tribunal y sabía de sobra que la persona del autor era capital. Habría debido manifestar de modo expreso su negativa a responder sobre un extremo susceptible de incriminarle, aduciendo sus motivos; su mutismo no equivalía a una excepción legal. El tribunal juzgó que había obrado con negligencia al creer que la falta de pregunta expresa le autorizaba a callar lo sustancial.
La sentencia condenó a M. no por haber urdido la identidad de un tercero, sino por haber conculcado por negligencia su juramento durante la primera vista. Los otros dos hombres fueron absueltos por cuanto la sala dio crédito a su error de apreciación. De suerte que un mismo pasquín había suscitado tres testimonios sin que ninguno describiese con exactitud lo acaecido, mas solo uno fue considerado penalmente culpable: los unos habían errado sobre el hombre vislumbrado en la noche; el otro conocía al autor de los hechos y había omitido nombrarlo.
La pena impuesta a M. fue de tres meses de prisión, abonándose parte de la prisión preventiva. Una segunda resolución, dictada el 1 de febrero de 1890, le condenó a tres semanas adicionales y al pago de las costas por haber dañado el bando público. Sendas condenas castigaban dos conductas distintas: la alteración de la sentencia expuesta y el testimonio mutilado ante los estrados. La primera causa se había incoado por un cartel emborronado; la segunda, por dilucidar si un hombre puede escudarse del riesgo judicial guardando silencio sin advertirlo previamente.
El cronista del Pitaval rebatió la lógica de la sentencia relativa al juramento e invitó al lector a considerar si los inocentes no habían sido castigados mientras los verdaderos embusteros eludían la condena. Semejante duda atañe a la glosa del autor, no a la parte dispositiva del tribunal. La sentencia, por su parte, deslindó el error sincero de la negligencia; no podía escrutar las facciones del pueblo sino a través de las deposiciones y las piezas obrantes en autos. La discordia comarcana había inducido a cada cual a leer en las sombras aquello que de antemano esperaba contemplar.
Al clarear el día, quedaba en el muro un papel embadurnado y, en las casas, dos relatos encontrados de la noche. El proceso no borró las discordias entre el alcalde y el cura, ni la afrenta padecida por el padre, ni la perplejidad de M. ante un juramento cuya fórmula parecía exigir más de cuanto se le inquiría. Fijó, empero, un límite riguroso: al testigo que se sabe comprometido, el tribunal le impone el deber de advertir que calla. El pasquín había quedado desfigurado de un manotazo; la ley, en cambio, se atuvo a lo que se había dejado de decir.