Comienza la Gaceta con un anhelo: ojalá sea este pleito el postrero de su jaez que mancille los tribunales. La prevaricación de un oficial público —declara— figura entre esos atroces delitos contra los cuales la sociedad debe mostrarse inflexible de modo ejemplar.
Adrien-Louis Carré era comisario en el Châtelet de París. Su ministerio consistía en aponer y levantar los sellos en las moradas de los finados, a fin de salvaguardar los caudales hasta el momento de la partición. Fue llamado a la casa de un difunto apellidado Armand, cuyos sucesores, los hermanos Armand, eran comerciantes. Mientras colocaba los sellos, hurtó una cartera.
El inventario de dicha cartera, levantado por los herederos ante el tribunal, ilustra a las claras lo que representaba el caudal de un mercader parisino en 1790: diez acciones de la Caja de Descuentos con sus dividendos devengados, valoradas cada una en cuatro mil libras a primeros de enero; cinco medias acciones de la misma institución, de más de dos mil libras por cabeza; dos billetes de seiscientas libras de la lotería de abril de 1783; un pagaré al portador de tres mil libras, y un asignado de quinientas libras. En total, cerca de cincuenta y cuatro mil libras.
Las averiguaciones judiciales tornaron la prueba del robo tan incontestable como los querellantes hubieran podido desear. Carré, por su parte, se había esfumado con los efectos.
El litigio versó entonces sobre un debate entre jurisconsultos, que la Gaceta desmenuza con fruición de letrado. Demandaban los herederos ochenta mil libras por concepto de daños y perjuicios, y pretendían cobrar con prelación sobre el importe mismo del oficio de Carré, por delante de cualquiera de sus demás acreedores. Para ello, era preceptivo que la sustracción constituyera un «hecho propio del cargo», a saber, una malversación cometida en un acto esencialmente anejo a sus funciones. El comisario del rey evocó el ejemplo del alguacil que extravía los títulos que se le han encomendado, o de los depositarios de consignaciones, cuyo oficio afianza los caudales depositados: el administrado, que carece de la potestad de elegir a su depositario, debe hallar una garantía en el propio empleo público.
¿Había robado Carré en calidad de comisario, o como un vulgar ratero que acertaba a pasar por allí? En ese distingo radicaba el nudo del proceso, y de él dependía el resarcimiento de los hermanos Armand. Bien se aprecia la distancia recorrida desde el día de los precintos: el difunto, sus títulos y sus billetes de lotería no eran ya más que un problema de derecho; y el comisario prófugo, apenas un gravamen hipotecario sobre su propio oficio.
Gazette des nouveaux tribunaux, 1791, troisième tribunal établi au Palais : procès d'Adrien-Louis Carré, commissaire au ci-devant Châtelet de Paris.